Publicada la primera ‘Guía Nacional de Gestión de Alertas Alimentarias’

La primera ‘Guía Nacional de Gestión de Alertas Alimentarias’  es un documento elaborado por el Órgano Permanente para la Seguridad Alimentaria (OPSA) – formado por ACES, AECOC, ANGED, ASEDAS, Cooperativas Agroalimentarias, FIAB, Hostelería de España y Marcas de Restauración- en coordinación con la AESAN.

Esta guía ha sido estudiada con resultado favorable según el «Procedimiento a seguir para la elaboración y el estudio de guías nacionales de prácticas correctas de higiene y para la aplicación de los principios del sistema APPCC» de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Este documento-guía, de carácter orientativo y voluntario, supone un importante impulso para la organización y gestión coordinada de las alertas alimentarias entre la Administración y el sector alimentario español. Facilita a las empresas, especialmente pymes, la correcta interpretación e implantación de los requisitos legales en la gestión de alertas, incorporando los aprendizajes obtenidos en la producción y comercialización agroalimentaria en los últimos años.

El texto publicado hoy recoge buenas prácticas en materia de investigación, gestión y comunicación en situaciones de alerta alimentaria, a la vez que clarifica los criterios y mecanismos de coordinación con las autoridades competentes. Incluye los puntos de contacto de las comunidades autónomas y la información que hay que suministrar a las autoridades competentes  ante la aparición de un problema.

Con la publicación de esta guía se dota a las empresas del sector agroalimentario español de una herramienta para gestionar de manera más eficaz las situaciones en las que se ha detectado un riesgo potencial para la salud de los consumidores.

Su objetivo final es conseguir una mayor protección de los consumidores, retirándose de la cadena de comercialización aquellos alimentos con un posible riesgo para la salud y evitando, por tanto, que sean consumidos.

Con la publicación de esta guía se dota a las empresas del sector agroalimentario español de una herramienta para gestionar de manera más eficaz las situaciones en las que se ha detectado un riesgo potencial para la salud de los consumidores.

Su objetivo final es conseguir una mayor protección de los consumidores, retirándose de la cadena de comercialización aquellos alimentos con un posible riesgo para la salud y evitando, por tanto, que sean consumidos.

Comparte esta noticia