La nueva ley de pérdidas y del desperdicio alimentario que está previsto entre en vigor en la primera mitad de 2023 constituye en España la primera regulación en la materia, cuyo objetivo es reducir el desecho de los alimentos que no se consumen, favoreciendo un mejor aprovechamiento de éstos. Esta futura ley intenta poner freno al desperdicio alimentario, pero también a los recursos que se emplean para producirlos.
Con esto se pretende lograr una gestión de los recursos más eficiente favoreciendo el consumo responsable de los alimentos, la donación y cualquier regla que sensibilice a la sociedad sobre la importancia de reducir este problema. Por eso, esta norma fomenta las buenas prácticas de toda la cadena alimentaria, desde los productores en la fase de cosecha y recolección de alimentos hasta el consumidor final.
En relación con esto todos los agentes implicados en la cadena alimentaria deberán disponer de un plan de prevención de pérdidas y desperdicio que les sirva para auto diagnosticar sus procesos de producción, y les permita conocer, en todo momento, donde se producen las pérdidas para así puedan establecer medidas que los disminuyan.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 de la Agenda 2030 de la ONU es “reducir a la mitad el desperdicio de alimentos por habitante correspondiente a los niveles de la venta al por menor y el consumidor y reducir la pérdida de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro”.
Los datos correspondientes al periodo abril-septiembre de 2022 muestran que el volumen total de desperdicio alimentario en los hogares ha descendido un 5% respecto al mismo periodo del año anterior, con un total de 586,3 millones de kilos.
Los datos del Informe del Desperdicio Alimentario en España 2021 que elabora el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, señalan que cada español tiró de media a la basura 28,21 kilos/litros de alimentos, lo que supone la cifra más baja de los últimos cinco años y 2,72 kilos/litros menos que 2020. La tasa de desperdicio en los hogares, sin embargo, es similar a la del año anterior, ya que se tiraron sin consumir el 4,2% de los alimentos comprados, una décima menos que en 2020.
Según informó el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la donación de los excedentes de alimentos, los agentes de la cadena deberán suscribir convenios de colaboración con empresas, entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos. En estos acuerdos se deberán recoger de forma expresa las condiciones de recogida, transporte y almacenamiento de los productos, entre otras cuestiones.
Las entidades de iniciativa social que sean receptoras de donaciones deberán garantizar la trazabilidad de los productos donados mediante un sistema de registro de entrada y salida de los alimentos recibidos y entregados. Sólo podrán destinar estos productos a la donación, sin que en ningún caso puedan comercializarlos, y deberán realizarla sin ningún tipo de discriminación entre los beneficiarios.
En el segundo orden de prioridades se contempla la transformación de los alimentos que no se hayan vendido, pero que mantengan sus condiciones óptimas de consumo, en productos como zumos o mermeladas, entre otros. Cuando los alimentos ya no sean aptos para el consumo humano, la preferencia de uso será, por este orden, la alimentación animal y fabricación de piensos; el uso como subproductos en otra industria ya como residuos, y la obtención de compost o biocombustibles.
