Distintas leyes españolas recogen las directrices en cuanto a normativa de envasado de alimentos, pero dos de las más importantes son: la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular y el Real Decreto Ley de Envases.
El sábado 9 de abril de 2022 se publicó en el BOE la nueva ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, Ley 7/2022, de 8 de abril.
Por su parte, el pasado 6 de mayo se publicó en el nuevo texto del Proyecto del Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, el plazo para realizar observaciones al mismo finalizará el 8 de agosto de 2022.
Hoy, nos vamos a centrar en las principales novedades del nuevo texto legal de la ley de residuos y suelos contaminados. Una ley, que nace con el objetivo de cumplir con los novedosos fines establecidos en las nuevas directivas europeas de residuos que constituyen el paquete de Economía Circular.
Los aspectos principales objeto de revisión son, entre otras, la revisión del régimen sancionador que incluye nuevas infracciones y actualiza las sanciones, revisiones en el ámbito de aplicación, revisión de los procedimientos y fin de la condición de residuo, o restricciones en materia de plásticos.
La finalidad que persigue esta ley de residuos es la protección del medio ambiente y la salud humana reduciendo la generación de residuos y sus impactos avanzando hacia una economía circular.
Entre sus objetivos, está reducir el peso de los residuos producidos en un 13% para 2025 respecto a 2010 y en un 15% respecto a los generados en ese mismo año. Para la consecución de estos objetivos, la ley recoge unas medidas encaminadas al fomento de productos eficientes en el uso de los recursos, es decir, que sean reutilizables y duraderos, la reducción de la generación de residuos en la producción industrial, así como de los residuos alimentarios estableciendo medidas dirigidas especialmente a las industrias alimentarias, las empresas de distribución y la restauración y hostelería.
Este nuevo texto legislativo recoge obligaciones para los productores referidas al almacenamiento, envasado o etiquetado de los residuos; entre ellas encargar el tratamiento de los residuos a un gestor autorizado o a una entidad pública o privada autorizada de recogida de los mismos. Todo aquel que sea poseedor de residuos debe identificarlos conforme al art. 6 de esta norma, así como informar a las empresas autorizadas del tipo de residuo para que puedan implementar el tratamiento adecuado, así como la información a la administración de cualquier pérdida de residuo peligroso.
Es obligatorio tener un seguro que cubra las responsabilidades, así como disponer de una zona preparada y adaptada para almacenar, de forma correcta, los residuos y, si son peligrosos, deberán estar protegidos. En cuanto a la duración máxima de almacenamiento, la ley recoge que será de dos años cuando sean residuos no peligrosos destinados a su valorización y de un año cuando sean para ser eliminados. Si los residuos son peligrosos no se podrán almacenar más de 6 meses y además deberán estar etiquetados en sus recipientes de forma clara, visible, legible e indeleble tal y como recoge la ley en el art 21 e.
Plásticos de un solo uso
La ley de residuos establece unas restricciones importantes para la reducción del consumo de plásticos de un solo uso definiendo un calendario para reducir la comercialización de estos productos; para 2026 reducción del 50 % en peso, con respecto a 2022, y en 2030, del 70 % en peso, con respecto a 2022.
Para cumplir los objetivos, los agentes comercializadores de estos plásticos deberán fomentar alternativas reutilizables de materiales no plásticos; como novedad más interesante es que a partir del 1 de enero de 2023 se deberá cobrar por cado uno de los productos de plástico que detalla la ley en su parte A del anexo IV y que sean entregados al consumidor final.
